Todos a la cárcel (o no)

El año que vamos a terminar se ha visto plagado de noticias relacionadas con la corrupción. Los informativos nos han remitido continuamente a los tribunales, a propósito de querellas, imputaciones e incluso condenas a personajes de primera línea. Hasta ahora, este tipo de noticias estaba asociada a los personajes del corazón, que ocupaban la mayoría de las noticias. Los grandes empresarios o los dirigentes públicos ocupaban un lugar casi anecdótico. A pesar de que siempre ha habido escándalos, era frecuente que éstos acabasen sin imputación, o sin condena, o con una pena reducida (inferior a dos años, lo que no supone ingreso en prisión). Sólo unos pocos tenían la mala fortuna –podría decirse, a la vista de los datos- de acabar con sus huesos en la cárcel.

Sin embargo, este año además se ha extendido una nueva medida cautelar: la prisión sin fianza. Hasta ahora, esta medida era aplicada principalmente en el caso de sospechosos de asesinatos, violaciones, y casos que generaban gran alarma social. Se trata de una medida pensada para asegurar el correcto desarrollo del proceso penal, al considerar que la libertad del acusado podría alterar el curso de dicho proceso. De modo que, en rigor, habría que aplicar esta medida muy frecuentemente, ya que son muchos los imputados que podrían entorpecer el proceso, ocultando o destruyendo pruebas, o incluso huyendo a un destino desconocido. Este es el criterio que se entiende que han seguido los jueces y, a la luz de dicha medida, hemos visto pasar por prisión a banqueros, alcaldes, presidentes de diputación y otros altos cargos. En realidad, lo extraño es que no hayan sido muchos más los encarcelados.

En 2014 hemos visto ingresar en prisión a personajes relevantes de la vida social como José Ortega Cano, Isabel Pantoja, José María del Nido, Julián Muñoz, Maite Zaldívar, y hasta a Josep Lluis Núñez. Salvo el primero, todos los demás han ido a parar a la cárcel por temas financieros: fraude fiscal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, son expresiones que rodean la mayoría de estos casos. También importantes empresarios y banqueros: a Miguel Blesa –ingresó por vez primera en 2013- le siguieron Roberto López Abad –exdirector general de la CAM-, y Gerardo Díaz Ferrán –presidente además de la CEOE-. Otros banqueros, como los pertenecientes a la cúpula de Caixa Penedés y la de Caixanova, han esquivado finalmente la cárcel con bajas condenas. Finalmente, habría que mencionar a los altos cargos políticos: presidentes de comunidad –caso de Jaume Matas- o de diputación provincial –Carlos Fabra, en Castellón, o Marcos Martínez, en León-. Como en los otros casos, las motivaciones económicas están detrás de su paso por los tribunales.

Sin embargo, esto que parece un avance destacable –la condena a todos aquellos poderosos que han abusado claramente de su poder- está lejos de llegar a su fin. Hay numerosos casos abiertos que son noticia todas las semanas, ya que son especialmente llamativos. Por ejemplo, el de los ERE andaluces, con casi 230 imputados –cifra que no para de crecer-. Otros, como el del caso NOOS, con la hermana del Rey y su esposo como imputados. Y varios casos en los que se cruzan varias administraciones públicas –sur de Madrid, o islas Baleares-. De modo que, previsiblemente, otros muchos ilustres personajes desfilen por prisión a lo largo de 2015.

Más allá de que parece haber una especie de presión masiva, ante la crisis económica que dura ya muchos años, para que los de arriba carguen con las culpas, me interesa resaltar el hecho de que las trampas estén tan generalizadas. Hay quien dice que los que nos dirigen son un reflejo de la sociedad a la que representan: cada uno, en su nivel, hace trampas. Obviamente, las que realizan los que manejan o influyen en grandes cantidades de dinero, son trampas más importantes y, por tanto, son perseguidas y castigadas. Sin embargo, mi idea es la contraria: aquellos que nos representan, los que llegan por unos u otros motivos a los escalones más altos de la pirámide social, ¿no deberían ser justamente los más capacitados, los más inteligentes y también los más prudentes para ser conscientes de que muchos ojos se ponen sobre ellos? Los puestos excepcionales deberían estar ocupados por gente igualmente excepcional, y en muchos casos da la impresión contraria, es decir, que se trata de gente bastante vulgar. Hablamos de delitos cometidos, muchos de ellos, en los últimos 3-4 años, es decir, en plena crisis –considerando la quiebra de Lehman Brothers en 2008 un posible comienzo-. En plena crisis económica española y mundial, que haya habido gente con tan pocos escrúpulos es lo que no se puede perdonar. Habrá que esperar a ver si en 2015 se manda a todos a la cárcel, como decía la película –aunque en otro sentido- o no.