Que pase el siguiente

La última entrada de este blog enunciaba una teoría tan poco edificante como arriesgada. Tras conocerse el caso de las tarjetas black, de Caja Madrid y Bankia, muchos dirigentes aparecían implicados. Tantos como ochenta y siete. Se trata de una amplia muestra de consejeros ligados a partidos políticos, sindicatos, y a la patronal de los empresarios. Y también de meros directivos, como los contratados por cualquier empresa privada. Como decía allí, la proporción de honradez frente a latrocinio es terrorífica: sólo cuatro de los implicados no utilizaron las tarjetas, frente a ochenta y tres que sí. Y lo más grave es que estos últimos la utilizaron para cosas que nada tenían que ver con los gastos de representación, para lo cual se entiende que recibieron las tarjetas.

Quien haya leído alguno de mis dos libros –enlace aquí- podrá entender qué lleva a estos personajes a comportarse así. Tanto en el ámbito público, como en el privado. Y la noticia que inspira la entrada de este blog pertenece a este último ámbito. Se ha conocido esta semana que la multinacional Vodafone, que en julio adquiría a la empresa Ono, ha anulado el bonus que tenían los tres principales directivos de esta última. El motivo es que se ha demostrado que estos tres directivos conocían la manipulación de los ingresos de Ono, que aumentaron su valor como empresa e hicieron que Vodafone tuviese que pagar más para adquirirla. Casualmente, estos tres directivos tenían derecho a percibir unos bonus desorbitados -68 millones de euros entre los tres- en función del precio de venta de su compañía. Obviamente, les interesaba a toda costa “generar valor” en su compañía, para que el precio de venta fuese el mayor posible.

Este caso recuerda claramente a otro escándalo mayor todavía, destapado hace unos meses. La compañía Gowex reconocía en julio que las cuentas de sus últimos cuatro años eran falsas. El presidente reconocía que era incapaz de pagar sus deudas, y presentaba su dimisión. Eso sí, unos meses antes había vendido un importante paquete accionarial, embolsándose muchos millones de euros. Además de, presumiblemente, la mayoría de las subvenciones que recibió la compañía por parte de organismos públicos: Instituto de Crédito Oficial y Banco Europeo de Inversiones, entre otros. El asunto está ahora en los tribunales, pero parece que el fundador ha puesto a buen recaudo su dinero en paraísos fiscales.  Así que parece complicado que tanto instituciones como inversores particulares recuperen su dinero. Estamos, como en el caso de Ono, ante otro aparente caso de latrocinio, esta vez en el sector puramente privado.

Como en este mundo se encuentran ejemplos de todo, ahora daré un ejemplo mixto público-privado. Esta semana se ha producido un registro simultáneo en varias ciudades de España relacionado con las actividades empresariales de Oleguer Pujol, de quien hablaba en otras entradas. Al hilo de esta noticia, se ha sabido que ocho bancos, sólo uno de los cuales es español, prestaron recientemente nada menos que 1.600 millones de euros a una de sus sociedades. Parece que hay más bancos que han prestado cantidades menores, sumando en total la cantidad de 2.200 millones.

Que entidades extranjeras de reconocido prestigio hayan financiado operaciones tan sospechosas como la que mencionaba en otra entrada –la compra al Santander de más de mil sucursales bancarias- ha hecho sospechar a los investigadores que Pujol disponía de dinero opaco para devolver rápidamente el préstamo. Al parecer, el importe –más intereses- debe ser devuelto antes de que finalice este año, a pesar de que hasta agosto se había devuelto únicamente el 8,5%. Es sorprendente que reputados bancos de toda Europa accedan a una operación de este tipo, en la cual deben aparecer de la noche a la mañana más de mil millones de euros para que ellos recuperen sus préstamos. Y el valor de los inmuebles no parece garantía suficiente. Menos en estos tiempos, pero tampoco hace unos años, cuando se suscribió el crédito.

Para terminar con este caso, me gustaría mencionar a la otra parte, el Santander. Aunque no he leído nada en este sentido, en mi opinión tampoco tendría que salir impune de este caso. Aparentemente, son “los listos” de este caso, ya que obtienen una cantidad escandalosa de dinero, a cambio de pagar un modesto alquiler -40 millones de euros anuales-. Además, si en un momento dado decidiesen recomprar sus locales, el precio sería sensiblemente inferior al que percibieron en su día por la venta. De modo que, como siempre, la banca siempre gana. Sin embargo, el hecho de ser la parte vendedora en su trato con Pujol no les exime de ser conscientes –y en cierto modo, cómplices- de la irregularidad de la operación, más allá de que ellos cobren su dinero. De hecho, se puede imaginar un círculo vicioso formado por favores políticos al Santander, apoyo de otros bancos europeos al financiar una operación interesante para el gigante español, y devolución de los favores políticos recibidos permitiendo regularizar el dinero opaco. Como se ve, el gran banco español no sería precisamente un sujeto pasivo en esta cadena de favores.

Público o privado, me atrevería a ampliar la apuesta de la anterior entrada: ¿será 83 a 4 la proporción de dirigentes –públicos y privados- que son honrados frente a los mezquinos, que no conocen escrúpulo alguno si se encuentran con la posibilidad de amasar una fortuna? La avalancha de maniobras fraudulentas que vamos conociendo apunta la respuesta en dirección al sí. Parecemos estar sumidos en una espiral que quién sabe cómo acabará.

Ejecutivos black

La noticia que voy a comentar hoy es la del escándalo de las tarjetas de crédito ocultas que han manejado altos cargos de Caja Madrid y Bankia hasta hace poco. Tras hacerse públicos los importes gastados, está apareciendo en la opinión pública una indignación sin precedentes. Tanto, que la noticia ha eclipsado a las de mis entradas anteriores, a saber, las tribulaciones fiscales de la familia Pujol Ferrusola.

Si entonces hablaba de la poca categoría moral de la que hacía gala esta familia, los protagonistas de esta nueva noticia todavía les superan en pocos escrúpulos. Y en ambos casos se prevé un largo proceso judicial hasta depurar responsabilidades. Y también se intuye la defensa como gato panza arriba de los acusados, pese a que la sociedad ya les ha condenado casi unánimemente. Quien haya leído mis libros (enlace aquí) podrá entender más fácilmente el motivo de conductas como estas aunque, como me ocurre a mí, le parezcan totalmente inadecuadas.

Es normal que el hecho haya despertado indignación. La mayoría de ciudadanos de este país está sometida a dificultades económicas desde el estallido de la crisis económica en 2008. Crisis económica, por cierto, a la que la mala gestión en las entidades bancarias ha arrastrado a la mayoría de ciudadanos de a pie. Sin embargo, en lugar de ser los primeros en dar ejemplo y apretarse el cinturón, estos dirigentes, y los del resto de su sector, han disfrutado de sueldos millonarios -en el caso de diez de ellos- o de varios cientos de miles -en el caso de otros tantos-. Y, por si estos espectaculares sueldos fuesen poco, han dedicado a todo tipo de caprichos una enorme cantidad de dinero. Por dar una cifra llamativa, 23 de estos ejecutivos han gastado -cada uno- más de 30.000 euros por año con estas tarjetas opacas. Y, como es normal cuando hay diferentes implicados -en este caso, nada menos que 83-, empiezan a aparecer versiones contradictorias. Por un lado, unos dicen que pensaban que se trataba de gastos de representación. Para empezar, si así fuera, habrían debido justificar de alguna manera el gasto a su empresa, cosa que ninguno ha acreditado. Y, dado que ha trascendido el detalle de los gastos, parece difícil incluir en esa categoría compras realizadas en Mercadona, o regalos infantiles de Navidad, por mencionar sólo dos de ellos. Por su parte, otros afirman que se trataba de complementos salariales o, más aún, parte de su retribución. Sin embargo, parece que ninguno ha demostrado que dicha retribución conste en sus declaraciones fiscales. Para rizar el rizo de tanta contradicción, 28 de ellos las utilizaron cuando ya no trabajaban para Caja Madrid. Con lo cual, ni lo uno, ni lo otro.

Como se puede observar, el asunto huele bastante mal. Huele a que, una vez más, nuestros dirigentes se sienten por encima del bien y del mal. Una vez se ven en posesión de un cargo, han triunfado. Están en la cima del mundo, y cualquier privilegio les parece poco. De modo que, además de disponer de unos sueldos envidiables, ven normal disponer de una tarjeta de crédito sin ningún control. O casi; al menos, había un límite anual de gasto, al que parece que la mayoría acababa acercándose. Con lo cual, más que para sus gastos, las tarjetas parecen haber servido para el pillaje. Eso sí, pillaje de guante blanco.

Como siempre aparece la excepción que confirma la regla, hay cuatro ejecutivos que no han hecho ningún gasto con sus tarjetas. Como en el caso de los derrochadores, es probable que las versiones de estos cuatro sean diferentes. Pero el hecho de que cuatro dirigentes hayan recibido una tarjeta cuyos gastos no tenían que justificar, y aun así no hayan gastado un solo céntimo, indica que algo no veían claro. A pesar de que, probablemente, veían a sus colegas derrochando dinero con sus tarjetas. En cualquier caso, sea por el motivo que haya sido, los cuatro deberían ser premiados, en mi opinión. Se han comportado con una honradez inusual, sólo hay que ver la proporción: 4 frente a 83. Lo cual me hace pensar en una extrapolación interesante. ¿Será esta la proporción de dirigentes que –independientemente de su conciencia- actúen honradamente? En cuanto aparece un caso de corrupción política, o en general, de malas prácticas, afloran los portavoces de turno abogando por el resto de la clase política. En su cacareo, afirman que los corruptos en política son unas pocas manzanas podridas. Pues bien, en mi opinión, la proporción anterior (4 a 83) está mucho más cerca de la realidad que lo que predican estos cantamañanas portavoces.

Y, ¿qué pasará con los denostados ejecutivos si al final son juzgados? A la vista de sus primeras declaraciones, es posible que las resoluciones judiciales no les resulten onerosas. Como mencionaba antes, en lugar de admitir culpabilidad alguna, la gran mayoría se está declarando inocente. Ni tenían conocimiento de que los gastos no fuesen reglamentarios, ni se trata de una nueva práctica en la empresa. Al parecer, estas tarjetas comenzaron a generarse a finales de los años ochenta, antes de que cualquiera de ellos hubiera accedido a su cargo. Adicionalmente, sobre el tema tributario, muchos de ellos se han dirigido oficialmente a Caja Madrid, requiriendo información sobre las retenciones que la empresa les practicó. Y, en concreto, si éstas incluían la parte correspondiente a los gastos de las tarjetas. En cualquier caso, esta estrategia podría servir si ellos hubiesen incluido como parte de sus retribuciones los gastos de las tarjetas, pero no parece que haya sido el caso. Aun así, está claro que la idea de casi todos es alejar de ellos la responsabilidad, como si hubiesen tenido que gastar desenfrenadamente porque no tenían más remedio. Algunos de ellos se han apresurado a devolver el importe gastado en su día, lo cual será sin duda un atenuante en un proceso judicial. Otros, por su parte, ya han anunciado que no tienen intención de devolver ni un céntimo.

Por desgracia, en este país nos estamos acostumbrando peligrosamente a este tipo de escándalos. Sin embargo, hasta ahora, todas las irregularidades se ceñían a un escaso grupo de responsables directos, aunque los implicados finales pudieran ser muchos. Sin embargo, el hecho de que haya más de ochenta sujetos que hayan adoptado esta práctica sin mayores escrúpulos, y en la que fue la cuarta mayor entidad financiera del país, es más que grave. Y que sólo cuatro hayan resistido a la tentación también da mucho que pensar.

Los Pujol Ferrusola, de nuevo

La entrada de hoy vuelve a tratar sobre la familia Pujol Ferrusola. Como es fácil comprobar en prensa, esta familia es fuente inagotable de noticias en estos días. Por cierto, no deja de ser curioso que un escándalo de dimensiones descomunales –y amasado a lo largo de muchos años- nos haya sido revelado a la mayoría de los mortales justamente ahora. Es decir, en los meses previos a la consulta soberanista catalana. Un detalle que no me parece nada trivial sobre cómo funciona el sistema –más tarde volveré a ello- y que se trata en mis dos libros (enlace aquí).

La turbulenta semana pasada, que describí en la entrada anterior, finalizó con la esperada comparecencia del patriarca en el Parlamento de Cataluña. Comparecencia que fue precedida de una comida con la presidenta del Parlamento, lo cual tampoco parece de recibo. Como se preveía, las explicaciones ante los diputados fueron más bien pocas. Ante esto, los portavoces de los diferentes grupos aprovecharon su turno para preguntar, más o menos directamente, por las cuestiones que interesan a todos, a saber: si parte de la fortuna viene del cobro de comisiones ilegales, si otra parte viene de los tiempos de Banca Catalana, si se ha mentido durante muchos años a todos los catalanes, y si hay alguna intención de devolver el dinero evadido.

Al verse directamente interpelado –lo cual era fácilmente previsible-, el otrora líder catalán recuperó el espíritu de otros tiempos. No respondió a ninguna de las preguntas –por cierto, su antiguo partido no le formuló ninguna- y lanzó una reprimenda a todos, acusándoles de atacar a Cataluña. En suma, debió de ser un espectáculo poco edificante, como muchos medios indican. Y a pesar de tratarse de una intervención en tono similar a su época de presidente, la diferencia es clara: ahora no ataca al Estado para defender a Cataluña, ahora ataca a los catalanes que le acusan públicamente de haberles robado.

Como decía en la entrada del otro día, la que fuese primera familia catalana está dando estos días un pobre ejemplo al mundo. La actitud del patriarca es la gota que colma el vaso: ni un solo gesto de arrepentimiento, ni una sola prueba que pudiera indicar que es un hombre honrado, como se ha hartado de predicar en estos días. Y parece ser que en sus hijos ha cundido el ejemplo del padre. Sin embargo, las disparatadas cantidades económicas que han salido a la luz últimamente hacen pensar que se han pasado. Es decir, han ido más allá de toda mesura en sus operaciones realizadas “en el nombre del padre”. Todo esto suponiendo, en último caso, que el padre haya sido ajeno a todas estas transacciones. Es como si les hubiese dicho: “ocupaos vosotros, yo ya tuve bastante con lo de Banca Catalana”. Aunque no deja de ser innegable la connivencia del padre.

Esta semana, como decía, el foco vuelve a los hijos. En concreto, al menor de ellos, Oleguer, que no por su orden dinástico ha sido el menos aventajado, sino al contrario. La noticia que ha salido publicada esta semana es que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra él. Parece ser que ha comprado un hotel en Canarias por 8 millones de euros empleando fondos procedentes de las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal. Las acusaciones que subyacen al proceso iniciado son las de blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Sin embargo, no es su única operación inmobiliaria bajo sospecha. Hace unos años, Oleguer compró, como apoderado de una empresa constituida un mes atrás, más de mil oficinas del Banco Santander, por un montante superior a los dos mil millones de euros. Más de un millón de euros por oficina, lo cual ya indica que no se trata de las peores oficinas de la red comercial, sino todo lo contrario. Junto a esta operación, se investiga la compra de otros inmuebles del Grupo Prisa –compra valorada en trescientos millones- y más de cien sucursales de Bankia. En total, estas operaciones inmobiliarias suman más de tres mil millones de euros. Y la empresa de la que Pujol es apoderado pertenece a un holding radicado en las Antillas holandesas, el cual es administrado por una compañía luxemburguesa cuyos gestores residen en Londres. La sospecha –que todavía no ha derivado en un proceso judicial- es que los fondos utilizados en esas operaciones estaban ubicados en paraísos fiscales. En concreto, en varias islas del Canal de la Mancha. En cualquier caso, la estructura opaca de las sociedades empleadas es un indicio claro para la policía de que hay algo que se quiere ocultar.

El hijo menor de Pujol es el único cuya acusación se ha admitido, pero no era el único al que se dirigía la querella. También iba dirigida al hermano mayor, Jordi , quien ya está imputado en otro de los juzgados de la Audiencia Nacional, en este caso por cobrar comisiones asociadas a adjudicaciones de la Generalitat. Y también al padre, quien ya está siendo investigado por un juzgado de Barcelona, para averiguar si el origen de los fondos regularizados en la amnistía fiscal es, efectivamente, fruto de la herencia de Florenci, su padre. Por ello, el juez ha rechazado investigarles para evitar duplicidades. Finalmente, tampoco investigará la venta de la empresa Europraxis al gigante Indra. Josep Pujol, otro de los hijos del ex presidente, vendió esta consultora a Indra, quien posteriormente recibió numerosas adjudicaciones de la Generalitat. Ni investigará la actividad de Pere, otro de los hijos, quien elaboró informes medioambientales para empresas que resultaron posteriormente adjudicatarias de parques eólicos.

A la vista de todo lo anterior, da la impresión de que la situación se les ha ido claramente de las manos. Es posible que el padre quedase satisfecho en sus aspiraciones personales con la gloria política que disfrutó durante tantos años. Y también, cómo no, con un patrimonio económico resguardado en paraísos fiscales –hay que recordar que se vio beneficiado en el escándalo de Banca Catalana-. Así pues, es posible que haya quedado al margen de todo este entramado, no teniendo conocimiento ni siquiera de la mayoría de las operaciones. Los hijos, eso sí, habrán procurado que la figura del padre haya estado presente en todas sus tropelías. Incluso es probable que hayan actuado en su nombre, como si fuesen unos intermediarios “del jefe”. Eso sí, unos intermediarios de voracidad desaforada. Y por ella deberán pagar.

El padre, por su parte, debió de pensar que con su enorme influencia y dotes políticas –que aún conserva, como demostró el pasado viernes- conseguiría tapar cualquier vía de agua. El problema es que, a estas alturas, la vía ha adquirido proporciones oceánicas. El hecho de que todas las actividades irregulares del clan hayan permanecido ocultas durante tanto tiempo, y por tantos gobiernos diferentes, avala esta tesis. Sin embargo, el hecho de que en ellas hayan participado las mayores empresas de nuestro país, conscientes de dónde se estaban metiendo, es más inquietante. Da la impresión de que los políticos que alcanzan el poder sienten que, más allá de ideologías, todos están en el mismo barco. Si las grandes empresas privadas de nuestro país les siguen el juego, es para preocuparse por cómo funciona todo.