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miércoles, 29 de enero de 2014

Del Nido, y otros tantos como él



Hoy vuelvo con una entrada en este blog, dedicado a las noticias de actualidad que, más allá de lo que se nos cuenta, incluyen en un segundo plano menos visible otras motivaciones. Algo parecido a lo que se cuenta en mi libro, Las aristas borrosas del éxito (enlace aquí).

Recientemente, se ha publicado en prensa que casi todos los presidentes de los equipos que compiten en la Primera División española de fútbol han firmado un documento en el que se muestran a favor de que se conceda un indulto al ya ex presidente del Sevilla, José María del Nido, condenado en diciembre a siete años de prisión por el Tribunal Supremo. El ingreso en prisión podría tener lugar alrededor del quince de febrero, salvo que el interesado presente una solicitud de indulto, lo cual parece que tiene previsto hacer en los próximos días. El ingreso debía haberse producido en enero, treinta días como máximo después de la resolución judicial, pero a principios de enero el interesado realizó una solicitud de nulidad, pidiendo la suspensión de la pena. Al no haber sido admitida la solicitud, desde ese momento comienza a contar de nuevo el plazo de treinta días para ingreso voluntario en prisión, y de ahí la fecha de mediados de febrero. De lo anterior se deduce que el interesado está utilizando todas las herramientas legales para demorar su entrada en prisión. Lo cual es legal, aunque no muy correcto, como luego explicaré.

A nivel popular, la noticia, en el país en el que nos encontramos, no resulta especialmente sorprendente. Se trata de uno más de los dirigentes actuales que visita los juzgados como imputado y, en este caso, es condenado por un delito continuado de malversación de caudales públicos, agravado por el cobro de unas minutas por importe de 2,7 millones de euros. La condena incluye, además del ingreso en prisión, la devolución del importe de dichas minutas. Hay que añadir que, en realidad, el condenado facturó al Ayuntamiento de Marbella, en el periodo comprendido entre 1999 y 2003, la cantidad de 6,7 millones de euros. Hay que entender que los cuatro millones restantes, sobre los que no parece haber ninguna exigencia de reposición, son los responsables principales de la condena por malversación. Es cierto que un servicio profesional tan genérico como el asesoramiento puede ser valorado dentro de una horquilla económica bastante amplia, pero teniendo en cuenta que se facturó un millón de euros por año, la reposición de la mayoría de ese importe parece de sentido común, por muy alta que pueda ser la tarifa de un abogado. Baste, como ejemplo, citar la retribución que puede tener un presidente del gobierno, quien, probablemente, dedique prácticamente todos los días -y muchas noches- a su cometido, cosa que es fácil suponer que el condenado no ha dedicado a su cliente -el Ayuntamiento de Marbella-.

De todos modos, considerando todo lo anterior como dentro del ámbito jurídico, lo cual hace que a los ciudadanos de a pie nos resulte difícil de entender bastantes cuestiones relacionadas con el caso y especialmente con su veredicto, me interesa especialmente el hecho de que esos otros destacados dirigentes deportivos apoyen la petición de indulto. Esto, que a nivel popular puede ser visto como un “hoy por ti, y mañana por mí”, en personas de tanta relevancia resulta totalmente inadmisible. Máxime, cuando el condenado ejerce la profesión de abogado –esto es, quien debería ser el más firme defensor de la Ley-. En mi opinión, los procesos contra quienes conocen los procesos legales –o deben conocerlos, al constituir su trabajo-, incluyendo los recovecos y resquicios que éstos presentan, deberían ser de una severidad máxima. Es decir, no se debe permitir que quienes poseen mayores conocimientos sobre el sistema legal sean los primeros que intenten adulterarlo en beneficio propio. En este caso, el beneficio resulta bastante evidente: nada menos que 6,7 millones de euros. Sin embargo, como vemos en este caso, no sólo no se impone la máxima severidad, sino todo lo contrario: es posible incluso presentar una petición de indulto, la cual es estimulada además por personajes de indudable influencia política, económica y social. Sobran los adjetivos, pero sólo daré uno: impresentable. Sin haber visto el documento que se ha firmado, no es posible saber en base a qué apoyan el indulto; pero en este caso concreto parece muy difícil pensar en las razones habituales, a saber: que el condenado no era consciente de a qué se exponía, o que ahora esté arrepentido del dinero facturado indebidamente a su cliente. Dado que se dedica a la abogacía, insisto: la severidad en este caso debería ser máxima, y no al contrario.

Como decía antes, en este país ya nadie parece sorprenderse de nada. La lista de empresarios, políticos, jueces, abogados, banqueros –a menudo, varias de estas dedicaciones aplican a la misma persona- que están inmersos en procesos judiciales es interminable. Que estemos en manos de estas personas resulta, simplemente, aterrador. Muchos ciudadanos de a pie dirán que su vida diaria es independiente de lo que hagan todos esos dirigentes, pero los efectos de su gestión los acabamos sufriendo todos; por poner un ejemplo, al final lo sufre hasta el agricultor que contempla cómo su cosecha crece cada día, aparentemente ajena al despropósito causado por estos pésimos gestores.

Como colofón, un par de apuntes, también de noticias conocidas los últimos días: uno de los neurobiólogos más prestigiosos de nuestro país, director del Instituto de Neurociencias de Alicante, lo abandona para dirigir el Centro de Neurobiología del Desarrollo del King’s College de Londres (enlace aquí). Por su parte, el director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona también lo abandona, con probable destino en Estados Unidos (enlace aquí). Ambos, cómo no, llevarán con ellos a parte de su equipo investigador, con lo que eso significará para nuestro país. La gente más valiosa nos abandona, y aquí nos quedamos con del Nido y tantos otros como él.